Violência de género

Entra hoje em vigor em Espanha uma nova lei para combater a violência de género, um problema que se suspeita ser igualmente grave em Portugal. Não há dados precisos sobre a dimensão do fenómeno no nosso país mas a UMAR divulgou em Novembro os resultados de um levantamento de casos de violência doméstica chegados à imprensa e que apontava para mais de 50 situações só nos primeiros 10 meses do ano. Muitos, portanto. Nos últimos tempos, de Espanha vêm bons casamentos mas também bons ventos. Aproveitemo-los.



El Gobierno dispondrá de seis meses desde ese momento para implantar medidas como los juzgados de violencia sobre la mujer y adecuar la estructura del Ministerio Fiscal a los nuevos fiscales especiales; la previsión es crear 21 juzgados nuevos y reformar 428 de los existentes para que también se dediquen a este asunto.

Habrá también seis meses para adecuar el reglamento penitenciario e iniciar los programas de tratamiento y rehabilitación de los agresores, y se esperará a la reforma de la ley de calidad de la educación para incluir en secundaria una asignatura sobre la igualdad.

El Gobierno deberá además dotar un fondo para ayudar a las Comunidades Autónomas a financiar la red de centros de información y asistencia y de casas de acogida que establece la ley.

Esta ley, largamente pedida por las asociaciones de mujeres, aúna en un mismo texto medidas preventivas y educativas con iniciativas de protección y asistencia a las víctimas, que tendrán derechos laborales específicos y ayudas económicas, al tiempo que establece penas más duras para los agresores y crea juzgados de violencia sobre la mujer.

Las víctimas, según la ley, tienen derecho “a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita”.

Para garantizar estos derechos, se deberán crear centros de información y asesoramiento; centros de emergencia y casas de acogida y centros de apoyo y recuperación.

En el ámbito laboral, las víctimas podrán optar por la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo o la extinción del contrato.

Se establece una ayuda para quienes dispongan de menos medios y presenten dificultades para encontrar trabajo y se considera a las mujeres maltratadas colectivo prioritario para acceder a viviendas protegidas o residencias públicas para mayores.

Para garantizar su protección, prevenir la violencia y controlar la ejecución de las medidas judiciales adoptadas, el Gobierno deberá establecer unidades específicas en las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y promoverá la colaboración de las políticas locales y autonómicas.

Entre las principales novedades están los juzgados de violencia sobre la mujer, que podrán conocer todas las causas que afecten a las víctimas, tanto penales como civiles; el fiscal contra la violencia sobre la mujer; y el tratamiento penal para los agresores.

Las amenazas y las coacciones graves pasan de faltas a delitos cuando las cometa un hombre sobre una mujer -su pareja o ex pareja- o cuando la víctima sea una persona especialmente vulnerable, y también se incrementan las penas para los malos tratos.

Entre las medidas de sensibilización y prevención, destaca la instauración de una asignatura en tercer curso de secundaria sobre “ética e igualdad”, el control de la publicidad y la puesta en marcha de campañas de información.

En el ámbito sanitario se impulsarán medidas para la detección precoz de la violencia y protocolos de asistencia ante agresiones.

La ley crea una “Delegación especial del Gobierno contra la violencia sobre la mujer” para coordinar e impulsar medidas y también un Observatorio estatal, que evaluará las propuestas y hará un seguimiento.